Así se robaron el sistema de salud de los colombianos

Por: JUAN GOSSAÍN | 10:41 p.m. | 23 de Marzo del 2012

Juan Gossaín hace un crudo repaso de las lacras que llevaron al sistema a un estado agónico.

Hay que decirlo sin anestesia: el sistema colombiano de salud ha muerto. Lo mataron la corrupción, la politiquería y la codicia. En Villavicencio, un niño, que hoy tiene 2 años, a los 6 meses de edad sufría de un tumor en la vista. CAPRECOM, empresa a la que está afiliado, dilató el tratamiento y, pese a la urgencia advertida a tiempo por los médicos, se negó a ordenar la cirugía.

Varios doctores se unieron para intervenirlo sin costo, por su cuenta y riesgo, pero era demasiado tarde: el niño quedó ciego a pesar de que su madre hacía más de un año imploraba piedad en las oficinas de CAPRECOM.

En Bogotá, un hombre desesperado se subió al último piso de una clínica, con la amenaza de arrojarse al vacío, porque llevaba ocho meses rogando en SALUDCOOP que le dieran una cita con el doctor.

Esa misma noche, en Cartagena, el médico de turno en un hospital fue agredido a trompadas por un obrero que estaba en la recepción desde hacía tres días. Ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Había sufrido una embolia cerebral.

¿Qué es lo que está sucediendo para que en solo seis meses, entre enero y julio del año pasado, se presentaran ante las autoridades sesenta mil reclamos contra empresas de salud?

Quién sabe cuántas víctimas más ni siquiera se toman el trabajo de protestar. Y ni hablemos de quienes mueren antes de tener tiempo de quejarse. Lo que está pasando es que el sistema colombiano de salud se reventó en pedazos. Resultó fallido. Las razones son varias, pero todas giran alrededor de un mismo sol: la corrupción y su hermana siamesa, la politiquería, se aliaron con la voracidad económica de unas cuantas empresas privadas y con la podredumbre que campea en las oficinas públicas.

38 billones por año

Desde que se estableció el sistema, hace casi veinte años, el Estado colombiano se la pasa improvisando medidas transitorias, que no han servido ni siquiera como pañito de agua tibia, y mientras tanto nadie atiende a los afiliados, los médicos tienen que trabajar por unos honorarios de indigencia, los medicamentos son una tragedia de cada día y no les pagan a las instituciones que prestan servicios: hospitales, laboratorios clínicos, odontólogos, empresas de radiología.

El sistema no resiste una reforma más. Es un régimen insostenible. En Colombia, la salud mueve al año cerca de 38 billones de pesos. La mitad de esa cifra monstruosa proviene de los dos regímenes que operan en el país: el contributivo, en el que los ciudadanos que pueden hacerlo pagan de antemano su propia atención, y el subsidiado, que supuestamente está hecho para proteger con dineros públicos a los más pobres.

Como si fuera poco, la ineficiencia ha llegado a tales extremos que los pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar cada año 8 billones más de su propio bolsillo para que los atiendan. El resto, unos 11 billones anuales, los aportan la Nación, los departamentos y los municipios. Es decir: todos los colombianos que pagan impuestos.

Pero cada gobierno se niega a asumir el control de esos dineros y los deja en manos de unas compañías llamadas “empresas promotoras de salud“, que son el origen de nuestras desgracias.

La paradoja más grande y más dolorosa es esta: nunca antes habíamos tenido tantos recursos para la salud de los colombianos, pero nunca antes el sistema de salud había estado en una situación financiera tan crítica.

Lo primero que uno hace, pensando en los 38 billones de pesos, es comenzar a preguntarse: ¿Por qué, con semejante chorro de plata, la gente tiene que levantarse a las 3 de la madrugada para conseguir una cita médica, y pasarse la vida poniendo tutelas para que la atiendan, si ese es su derecho y ese es su dinero? ¿Por qué clínicas y hospitales están en crisis?

Cobran, pero no pagan

La respuesta es simple pero aterradora: porque no les pagan los servicios que prestan.

Según un balance que tengo en mi poder, las empresas promotoras de salud, algunas compañías de seguros y el Gobierno Nacional, más municipios y departamentos, le deben al conjunto de instituciones hospitalarias una cantidad que se acerca a los 10 billones de pesos.

A fecha de hoy la situación se ha agravado. Del total de esa suma, las famosas EPS adeudan cerca del 60 por ciento. Reciben de antemano la plata de sus usuarios, pero no les pagan a los hospitales que los acogen. El Estado, incluyendo Nación, municipios y departamentos, debe otro 17 por ciento. Para ser rigurosamente exactos: el 17,2 por ciento. El resto corre por cuenta de numerosas entidades de diversa índole.

Algunos de esos compromisos tienen más de un año de atraso. Y después los enfermos, alterados por tantos atropellos, vapulean a los médicos o insultan a las enfermeras.

Hospitales en quiebra

Los hospitales del país están en bancarrota o al borde de un desastre.

Conseguí la lista de los cinco más afectados y de la suma que les estaban debiendo hasta hace tres meses, en diciembre del año pasado. Tres de ellos son de Medellín.

1. A la Fundación Hospital San Vicente de Paúl, de Medellín, le deben 248.000 millones.

2. Al Hospital General de Medellín le deben 137.000 millones.

3. A la Fundación Oftalmológica de Santander le deben 122.000 millones.

4. A la IPS Universitaria de Medellín le deben 108.000 millones.

5. A la Fundación Clínica Valle del Lili, de Cali, le deben 93.000 millones.

Si no han desparecido es porque los hospitales no se mueren de un día para otro. Agonizan despacito. Pero si la situación actual persiste, la única alternativa que les queda es la más peligrosa de todas: reducir servicios, reducir personal y reducir costos para sobrevivir. Es decir: acabar con la calidad.

Honorarios congelados

El problema de los médicos es todavía más penoso que el de los hospitales. Conozco el caso de un oftalmólogo al que las EPS solo le reconocen 65.000 pesos por una operación de cataratas que cuesta 1’200.000 pesos.“De algo tengo que vivir”, me dijo.

El otro día, uno de sus pacientes lo demandó, alegando negligencia profesional, y le reclama una indemnización de 1.000 millones de pesos. Presionados por las empresas promotoras de salud, que los someten a humillantes procesos de “negociación”, y que amenazan con dejarlos sin trabajo si no admiten sus condiciones, los médicos han tenido que aceptar, año tras año, que sigan vigentes las mismas tarifas del 2001.

Así, un médico que recibe pacientes de las EPS es el único trabajador colombiano que devenga hoy los mismos honorarios de hace 11 años. Han perdido su poder adquisitivo porque el costo de la vida crece sin parar, pero su remuneración se mantiene invariable. Como necesitan examinar la mayor cantidad posible de pacientes, para tener más ingresos, los revisan a las volandas, uno tras otro, rapidito, como si por docena fuera más barato. Por esa razón, el tiempo de una consulta médica es cada día más breve. Y la atención, más deficiente. Su realidad es trágica. Unos pocos especialistas han logrado que les reconozcan incrementos marginales. No existe un sistema tarifario único que regule su relación laboral con las empresas de salud.

Pero, en cambio, un computador con programación científica avanzada, que es imprescindible para su trabajo, les cuesta actualmente 20 millones de pesos. Hace once años, les costaba tres. Entonces, si no les pagan a los hospitales, si no les pagan ni a los médicos, si se niegan a mandar al paciente a un especialista porque cobra más, si se resisten a entregarle los medicamentos apropiados, ¿qué diablos es lo que hacen las EPS con la plata de la gente? Confieso que no me atrevo ni a pensarlo.

El naufragio de CAPRECOM

Veamos, a vuelo de pájaro, el caso de CAPRECOM, la única EPS estatal que le queda a Colombia y que acaba de ser sometida a vigilancia especial, lo que pone en peligro a más de 60 hospitales a los que en este momento les debe 680.000 millones de pesos.

CAPRECOM se está hundiendo en el lodazal de corrupción que la ha saqueado. Cómo será de lucrativo manejar por dentro a esa entidad que, hace unos tres años, el gerente de un laboratorio de medicamentos, que en la empresa privada ganaba 20 millones de pesos mensuales, renunció para irse de subalterno a CAPRECOM con 12 millones. En el 2009, durante la alarma internacional por la epidemia de gripa AH1N1, CAPRECOM compró 700.000 dosis del medicamento Tamiflú. Pagó 27.000 pesos por cada dosis.

En el mercado internacional costaba 12.000 pesos. El sobrecosto fue del 225 por ciento. Tampoco ha sido posible saber, hasta el sol de hoy, cuál fue el proceso que hizo CAPRECOM para comprar 1.300 computadores. La entidad tiene 465 empleados de planta, pero hay 7.000 trabajadores más, llamados “contratistas”, que son vinculados a través de misteriosas cooperativas de intermediación laboral. Hay casos en que CAPRECOM le paga a la cooperativa 10 millones de pesos por un trabajador, pero él solo recibe 5 millones. La cooperativa se queda con el resto.

¿Por qué la justicia colombiana no se ha atrevido nunca a averiguar quiénes son los verdaderos dueños de esas cooperativas? Durante la primera ola invernal, que según el Gobierno terminó en mayo del año pasado, CAPRECOM le cobró al Ministerio de Protección Social 390 millones de pesos por trece brigadas sanitarias que debían haberse hecho en los albergues donde estaban los refugiados de las inundaciones.

La verdad es que tardaron tanto tiempo en organizar las brigadas que, a los nueve meses, cuando por fin aparecieron, ya los damnificados no estaban en los albergues. En la actualidad, mientras su liquidación parece inevitable, CAPRECOM presta servicio a tres millones de personas en 820 municipios, el 80 por ciento del país, incluyendo las regiones más olvidadas, como el Chocó, Guaviare y Amazonas, que no son rentables para las EPS privadas. Calculen el tamaño del desastre que se les avecina a esos colombianos.

Uno de sus directivos, a pesar de mi insistencia, solo accedió a hacerme una lacónica declaración. Una sola. Con cara de desconsuelo, me dijo:

-La verdad es que CAPRECOM se convirtió en la caja menor de algunos congresistas. ¿Menor? A mí me parece que es la mayor.

Las EPS privadas

Hay empresarios de la salud que tienen una imaginación infinita para defraudar al sistema.

Todos los días aparece una nueva forma de la corrupción. Por ejemplo: dentro del pago que hacen los usuarios está contemplada una atención domiciliaria, el “servicio de enfermería en casa”, incluido en el Plan Obligatorio de Salud. Pero, mañosamente, le cambiaron el nombre: lo llaman “cuidador en casa“, que no aparece inscrito en el plan, y eso les permite cobrar dos veces el mismo servicio: una como “auxiliar” y otra como “cuidador”.

Ya se han encontrado casos en que el sobrecosto por paciente llega a 5 o 6 millones de pesos diarios. Otro ejemplo que ilustra los extremos demenciales a que hemos llegado en materia de inmoralidad es el caso de la prevención de enfermedades, prioridad fundamental en cualquier país civilizado. En Colombia, el Ministerio de Salud le reconoce en promedio a cada EPS la suma de 1.665 pesos mensuales por paciente, a fin de que dicha empresa adelante trabajos de promoción y prevención de salud. Es lo que en el enredado vocabulario del sistema se conoce como “p y p”.

Se supone que las EPS reciben ese dinero, que es del pueblo, y deberían trasladarlo a clínicas y hospitales para sus tareas preventivas. Pero la verdad es otra: solo les transfieren 140 pesos por paciente. Es decir: la empresa promotora de salud se queda con 1.525 pesos que no le pertenecen. Haga cuentas, por cada paciente. Uno se pregunta, alarmado, si el Ministerio de Salud no le hace una auditoría a su propio dinero, el que entrega a las empresas. Y si la hace, ¿por qué no descubre ese desfalco?

¿Quieren más pruebas? Se han descubierto numerosos casos en que los directivos de las EPS privadas, a la hora de escoger hospitales para contratar servicios, lo hacen con aquellos que son de sus amigos, de sus familiares o de sí mismos. Fundan clínicas solo con ese propósito. Se ha comprobado que su calidad es inferior al promedio.

Natural que así sea: no están hechas para salvar vidas, sino para ganar plata. Pero aquí no hay un gobernante que ponga el grito en el cielo y los meta en cintura, ni hay un juez que, además de meterlos en cintura, los meta también en la cárcel. Lo que es peor, no hay ciudadanos que protesten seriamente en nombre de la salud colectiva. Al Presidente de la República, por su parte, se le llena la boca anunciando nuevas reformitas del sistema, engañosas pastillas de placebo, como si esa colcha de retazos aguantara un remiendo más.

Ladrones en todas partes

La corrupción y el desorden, que es su principal cómplice, comienzan desde el principio.

El sistema colombiano de salud no tiene una base de información unitaria, sino dos: una para las personas que pagan su contribución y otra para quienes reciben subsidios del Estado.

El caos es de tales proporciones que hay duplicidad de usuarios y se cobra por atender a personas que ni siquiera existen. En cuanto a los subsidios, son incontables los municipios que reportan atención a una cantidad de enfermos superior al número de habitantes de la población entera. (Es un caso similar al de la educación: para sacarle dinero al Estado, hay colegios y universidades que envían unas listas de becarios que superan en cantidad a todos los matriculados.)

Epílogo con sugerencias

Tras dedicarme varios meses a investigar esta realidad maloliente, y después de consultar a tantos expertos, puedo repetir, sin quitarle ni una coma, lo que dije en el primer párrafo: el sistema colombiano de salud ha muerto. Ya está podrido. Hay que enterrarlo. Brille para él la luz perpetua.

Quedan, para fundar sobre ellas un sistema nuevo, las siguientes reflexiones:

1. Colombia es el único país del mundo donde se permite que unas empresas particulares manejen a su antojo el dinero sagrado de la salud y que, además, lo cobren por adelantado. Son como las muchachas prepago, pero menos complacientes.

2. El desastre, como es natural, lo origina la manipulación de tanto dinero. Los especialistas consideran que la única salida exitosa es la creación de un mecanismo único que recaude los recursos y pague las cuentas, bajo control del Estado, y no de los particulares.

3. Hay que luchar por tener un régimen de salud que sea único, universal y para todos. Que no excluya a nadie de ningún servicio en ningún hospital ni clínica. Que un solo carné sirva para que la gente no se muera en la puerta esperando que la atiendan.

4. Es urgente que hospitales, médicos, odontólogos, radiólogos, enfermeras, trabajadores de la salud en general, reciban una remuneración digna y adecuada por su trabajo. Dicho con franqueza: que los tramposos no se sigan quedando con la plata mientras un doctor dura 11 años cobrando la misma tarifa.

5. En el nuevo sistema hay que eliminar a los intermediarios de la salud, que son la peor plaga.

6. El sistema colombiano de salud no puede seguir dedicado únicamente a atender enfermedades. Lo fundamental es la prevención. La atención es el complemento. Y, por último, hablando acá, para mis adentros, yo pido algo que no depende del Gobierno, sino de Dios: que un milagro le devuelva la vista al niño de Villavicencio.

En este momento su madre está pidiendo limosna para comprarle los implantes de órbitas oculares, lo que se conoce como “cristales para rellenar cuencas”. Ah, pero como no todo hay que dejárselo a Dios, también pido que un juez castigue a los culpables.

Termino aquí porque me parece que ya estoy exigiendo demasiado: salud y justicia al mismo tiempo.

Juan Gossaín Especial para EL TIEMPO

El Instituto de Tecnología de California y el Trinity College de Dublin (Irlanda) han encontrado que “El cerebro humano posee mecanismos interconstruidos que disparan reacciones automáticas ante la injusticia”.

Y la reacción viene de la amígdala, una de las partes más antiguas del cerebro, compartida con mamíferos y reptiles.

Si el sentido de injusticia viene de esta región del cerebro, que es donde se generan las emociones. Entonces, si nuestros cerebros son normales, lo que debemos estar sintiendo hoy es una ira intensa ante la injusticia que se acaba de cometer con los profesores Armando Aroca, Henry Hincapié y Rufino Cruces.

Los pecados que no sólo ellos sino todas las personas decentes que todavía quedan en la Universidad han cometido son: aunar esfuerzos con el propósito de crear conciencia colectiva sobre el impacto nefasto que la corrupción está causando en la comunidad. Incentivar la participación orientada a recuperar la conducción de la institución con principios éticos, que propendan por el cumplimiento de las normas. Solicitar investigación y sanción para los responsables de los hechos que hoy afectan a toda la comunidad. Pensar una nueva Universidad donde reflexionar, cuestionar y disentir sea posible.

La racionalidad, la lógica, el sentido común nos dicen que estas son acciones en las que deberían estar comprometidos todos los actores que participan en la dirección de la Universidad y en los entes de control, pero inexplicablemente, asumen decisiones que lo que hacen es desviar la atención de una comunidad que infortunadamente no percibe la corrupción como el mal mayor y que ha aprendido a convivir con una cierta tolerancia a este flagelo.

El mayor problema de América latina, de Colombia, de Cali y de la Universidad Santiago de Cali no son los actos de corrupción, el mayor problema es que la corrupción se ha instalado como estilo de vida. La cultura de la corrupción se alojó en el inconsciente colectivo y de allí es muy difícil erradicarlo. Sin embargo, la única esperanza es que todavía hay personas valerosas, comprometidas que asumen posturas desde sus principios y no se insertan cómodamente en la cátedra para pasar desapercibidas.

Marilyn Molano Melo.

Docente y ex-directiva de la USC

Las funciones de la APRUEBA CALI son las siguientes, según el Estatuto:

Artículo 6. FUNCIONES. Para el cumplimiento de su objeto social la APRUEBA-CALI desarrollará todas aquellas funciones consignadas en las disposiciones legales vigentes y concordantes con su objeto social; entre otras, las siguientes:

• Brindar a los consumidores del servicio público de educación, y a los usuarios del sistema educativo colombiano en la ciudad de Cali, asesoría y/o acompañamiento para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, de acuerdo con los reglamentos aprobados por la Junta Directiva.

• Asesorar a sus asociados en la identificación y accesos al portafolio de servicios ofrecido por las entidadesprestadoras del servicio público de educación y del sistema educativo colombiano en la ciudad de Cali.

• Participar en la Junta Directiva de las entidades prestadoras del servicio público de educación, y del sistema educativo colombiano para proponer y concertar las medidas necesarias para mantener y mejorar la calidad de los servicios y la atención del consumidor del servicio educativo.

• Ejercer la representación de los asociados en las diferentes instancias determinadas en la ley.

• Atender las quejas que los consumidores del servicio público de educación y los usuarios del sistema educativo colombiano presenten en la ciudad de Cali, sobre las deficiencias de tales servicios y/o del sistema mismo y vigilar que se tomen los correctivos en cada caso.

• Fomentar canales de comunicación y cooperación con las asociaciones de usuarios del sistema educativo colombiano, de otros municipios para mejorar la calidad del servicio público de educación y del sistema educativo colombiano.

• Atender la formación y capacitación de los asociados, directivos y trabajadores de la APRUEBA-CALI, en los principios, normas y procedimientos de la participación social y la gestión de organizaciones asociativas sin ánimo de lucro.

• Estimular la participación activa de los consumidores del servicio público de educación, y de los usuarios del sistema educativo colombiano en la ciudad de Cali, en los programas de promoción y mejoramiento del sistema educativo colombiano y de la calidad de la educación que éste brinda.

• Celebrar convenios de cooperación con asociaciones de consumidores del servicio público de educación y usuarios del sistema educativo colombiano, debidamente autorizados por el ente competente para el fortalecimiento del sistema educativo colombiano.

• Suscribir convenios tendientes a ampliar, desarrollar y/o prestar los servicios sociales y de educación contenidos en el presente Estatuto, cuando no le sea posible desarrollar y/o prestar directamente.

• Ejecutar inversiones productivas permitidas a las asociaciones de usuarios, que aseguren el fortalecimiento del patrimonio y el crecimiento sostenido de la APRUEBA-CALI

• Diseñar, implementar y desarrollar programas y proyectos de promoción para masificar la suscripción y afiliación de usuarios del sistema educativo colombiano, y consumidores del servicio público de educación, a la APRUEBA-CALI.

• Diseñar y desarrollar proyectos de investigación atinentes a desarrollar el objeto social de la APRUEBA-CALI en entidades públicas, y privadas.

• Participar en procesos de licitación para el desarrollo de programas o proyectos cuyo propósito sea el mejoramiento del sistema educativo colombiano, del servicio público de educación, o el mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores del servicio público de educación, o usuarios del sistema educativo colombiano.

• Organizar, coordinar y desarrollar los demás servicios y actividades, conexas y complementarias de las anteriores, destinados a cumplir los objetivos generales del acuerdo social.

Parágrafo.- La APRUEBA-CALI prestará preferentemente sus servicios a los consumidores del servicio público de educación y a los usuarios del sistema educativo colombiano de la ciudad de Cali, sin embargo, por razones de interés social o bienestar colectivo, podrá extender sus servicios de asesoramiento a usuarios de otros municipios, en razón del interés social o del bienestar colectivo.

ES HORA DE AFILIARSE PARA DISFRUTAR DE TODOS NUESTROS SERVICIOS Y BENEFICIOS EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN QUE TODOS NOS MERECEMOS.

Somos una organización sin ánimo de lucro, cuyo nombre completo es: ASOCIACIÓN MUNICIPAL PRO-DEFENSA DE USUARIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO denominada en forma abreviada APRUEBA-CALI. Tiene como ámbito de acción el Municipio de Cali.

Fundada por un grupo de profesionales y estudiantes muy vinculados y comprometidos con los procesos educativos, quienes luego de analizar con detalle los continuos conflictos protagonizados por estudiantes –Denominados también como usuario-consumidor[1]—padres de familia y patrocinadores de la educación, con el Gobierno y la clase política, concluyeron que el problema radica fundamentalmente en la ausencia de una infraestructura organizacional de usuarios del sistema educativo colombiano y de consumidores directos del servicio público de educación sólidamente conformada, autosostenible, autónoma y capaz de representar y defender efectivamente los derechos de sus afiliados.

Tal organización necesariamente debe garantizar su independencia, frente a las entidades prestadoras del servicio público de educación y el sistema educativo colombiano para actuar con prontitud y efectividad en la resolución de los problemas del sector educativo donde se han encontrado multitud de problemáticas entre las que se destacan, en primer lugar, inconsistencias entre la calidad del servicio ofertado al estudiante en la publicidad y la prestación real del mismo en establecimientos educativos, irrespeto al estudiante expresado de diferentes formas, tales como la no entrega oportuna de sus calificaciones, la estandarización del proceso de formación donde todos los estudiantes se ven obligados a aprender de la misma manera adecuándose al docente, en lugar de que éste se adecúe a las capacidades del estudiante.

También se ha identificado la inexistencia o inoperancia de instancias, que teóricamente protegen al usuario y al consumidor-usuario. En otros casos se ha identificado la obsolescencia de los saberes y prácticas que se le proveen al estudiante para su formación, y la ausencia de infraestructura física y tecnológica, entre otros aspectos.

En otras palabras, cuando el estudiante aspira a ingresar a algunos establecimientos educativos, encuentra promesas de servicio educativo amplias y muy prometedoras, pero una vez adentro, encuentra que tales promesas no son ciertas, y que algunas instancias han sido creadas para impedirle al usuario-consumidor la expresión de su insatisfacción y el reconocimiento de sus derechos llevándolo en ocasiones infortunadas, en algunas instituciones educativas, a acciones de hecho con resultados muchas veces lamentables para las partes.

En otras ocasiones, las instancias creadas para la defensa del usuario-consumidor, no son confiables por diversas razones, entre las que se destaca la falta de formación profesional adecuada, desconocimiento de los derechos, y deficiencias en las competencias profesionales adecuadas para la representación  efectiva, la defensa y reconocimiento de sus derechos, y la restitución de los dineros pagados por el servicio no prestado.

Estas  deficiencias se dan, también, en bienestar institucional, en la estructura de los planes de estudio, en los programas de extensión, en los resultados prometidos por la institución para el estudiante al finalizar los estudios, y en la calidad del servicio suministrado por algunos docentes quienes a pesar de sus continuas deficiencias son sostenidos por la institución contra la voluntad de los consumidores-usuarios –léase estudiantes—y los usuarios –léase padre de familia, acudiente o patrocinador del estudiante—quienes muchas veces optan por  cambiar de institución sin la posibilidad de recuperar el dinero pagado por un servicio que no fue recibido con la prontitud y calidad ofrecida inicialmente por la institución, y que tampoco produjo los resultados esperados debido a la falta de pertinencia de los procesos de formación.

[1] La Constitución Nacional determina lo siguiente en el “Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”

El estudiante ejerce dos roles en el Sistema Educativo Colombiano. Por un lado, el estudiante consume de manera directa el servicio público educativo ofertado por el Estado y prestado a través de entidades educativas públicas y privadas. Por otro lado, también utiliza el Sistema Educativo Colombiano, tales como la infraestructura física y tecnológica entre otras, de las entidades educativas para su formación. En tal sentido el estudiante es “consumidor-usuario”.

Por otro lado, están los padres de familia, acudientes y patrocinadores de la educación, quienes utilizan el servicio educativo a favor de sus hijos o patrocinados. En este caso, tales personas, ya sean naturales o jurídicas, son usuarias del sistema educativo, pero no consumidoras del servicio público de educación, salvo, cuando también estudian en algún establecimiento educativo en cuyo caso tendrán la denominación de usuario-consumidor.

Defendamos nuestro derecho a la educación gratuita en todos los niveles

Recorra las diferentes páginas de este sitio y encontrará respuestas a problemáticas con el sector educativo. También encontrará en la sección 5. Quejas y reclamos donde además, usted también podrá hacer  sus denuncias

A continuación podrá conocer nuestra identidad y propósitos fundamentales.

NUESTRA MISIÓN

Representar y proteger los derechos de nuestros afiliados usuarios del sistema educativo colombiano y consumidores del servicio público de educación prestado por el Estado a través de establecimientos educativos públicos y privados conforme a la normatividad y regulación jurídica pertinente.

Estamos comprometidos con la sostenibilidad, calidad y mejoramiento continuo del servicio público de educación y del sistema educativo colombiano en su conjunto.

NUESTRA VISIÓN 2015

Ser la asociación líder en la defensa de los derechos de los usuarios del sistema educativo colombiano, reconocida por la excelencia en la prestación de sus servicios, la cobertura geográfica de los mismos, sus aportes a la investigación y solución de problemáticas del servicio público de educación y del sistema educativo colombiano;  y el alto impacto, tanto en los consumidores del servicio público de educación como en el sistema educativo colombiano.   En ese sentido, la capacitación y mejoramiento continuo de los funcionarios de la APRUEBA-CALI es uno de los aspectos que se privilegiarán en la inversiones de la Asociación.

NUESTRO OBJETO SOCIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la APRUEBA-CALI nuestro objeto social es el siguiente:

Artículo 5. OBJETO SOCIAL. El objeto social de la APRUEBA-CALI será representar y defender los derechos de los consumidores del servicio público de educación y/o de los usuarios del sistema educativo colombiano en la ciudad de Cali, el poder adquisitivo de su ingreso, y promover la cultura del cumplimiento de sus deberes conforme a las normas vigentes; propender por los precios justos, las calidades idóneas, y combatir la especulación.

Es la estructura diseñada por el Gobierno para desarrollar la formación de la población en función de las necesidades competitivas del País y los propósitos socio-políticos del Estado.

En la figura que se presenta a continuación, tomada directamente de la página del Ministerio de Educación Nacional, se aprecia claramente la estructura y la legislación básica del Sistema Educativo Colombiano:

En este sistema se encuentra la población objeto de nuestra Asociación:

1. Los usuarios directos, es decir, los estudiantes quienes además de usar el Sistema Educativo Colombiano, también consumen el Servicio Público Educativo producido en los establecimientos educativos públicos y privados.

Dicho servicio público educativo, es producido directamente por los docentes, quienes utilizan la infraestructura física, tecnológica, administrativa, y humana entre otros aspectos de los establecimientos educativos, para que los mencionados estudiantes –consumidores y usuarios al mismo tiempo–obtengan un resultado esperado y pagado por él, y prometido por el establecimiento educativo en su publicidad o promesa de valor ofertada públicamente con unas características que el estudiante puede exigir que se cumplan en todas sus partes.

2. Los usuarios indirectos. Se refiere a aquellas personas naturales o jurídicas que pagan el Servicio Público Educativo pero no lo consumen, es decir, que pagan el servicio para que sea consumido por un tercero. Por ejemplo, el padre de familia que paga la educación de sus hijos en un establecimiento educativo; o la empresa que paga el servicio educativo consumido por sus trabajadores.

Como se puede apreciar, los estudiantes son usuarios y consumidores al mismo tiempo del servicio público educativo ya sea porque estudian y otro paga sus estudios, o porque estudian y pagan al mismo tiempo su formación como es el caso de los estudiantes que laboran para pagar sus estudios. Por otro lado están aquellos que solo pagan la formación de otra persona, pero no consumen el servicio público de educación.